Empresas “heredadas” por los descendientes del ex Presidente de la República perdieron un juicio laboral en el que tendrán que pagar 9 mdp
Los hijos del expresidente Luis Echeverría Álvarez perdieron un juicio laboral por el que tendrán que pagar 9 millones de pesos, a quien fuera su contador, Raúl Olvera Gómez.
Así lo dio a conocer Heraclio Bonilla Gutiérrez, quien fuera el abogado del ex Presidente de la República:
De acuerdo con el litigante, tras seis años de juicios, estas empresas heredadas por los descendientes del ex Presidente de la República perdieron un juicio laboral en el que tendrán que pagar a quien fuera su contador, nueve millones de pesos:
“Administradora de inmuebles Citlali, S.A., Inmuebles Superación, S.C., Inmuebles Abril, S.C., Inmuebles Potam, S.C., Inmuebles Cocori, S.C., Inmuebles Nainari, S.C., Club y residencias de Cuernavaca, S.A. de C.V., Cuernavaca primavera, S.A., Operadora de hoteles y restaurantes Sumiya, S.A. de C.V., Bello Caribe, S.C., Inmuebles Pez, S.C. y Bella Ixtapa inmobiliaria, S.A.,”
Bonilla Gutiérrez apunta en un oficio que “En el juicio iniciado en el año dos mil quince, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial número Nueve, bajo el número de expediente 601/2015, resultaron condenados al pago de las prestaciones reclamadas por el trabajador”.
“Sin embargo, mediante un Juicio de Amparo, totalmente cuestionable, seguido ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia del Trabajo de la Ciudad de México, lograron revertir temporalmente la decisión de la Junta, pero al interponer el trabajador, recurso de revisión en contra de la sentencia de Amparo, logró que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en el Toca 48/2020, con fecha 28 de enero de 2021, dejara sin efectos la sentencia de Amparo y se restituyera al trabajador en los derechos obtenidos mediante el referido Laudo”, detalló
Bonilla Gutiérrez expuso que la familiaincumplió recientemente una oferta de pago a su ex contador, Raúl Olvera Gómez, pensando que aún pueden negociar el resultado del laudo, “sin embargo, pierden de vista que ya están fuera de tiempo y oportunidad para lograrlo, pues en las actuales condiciones, solo es cuestión de tiempo ejecutar el referido laudo.
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“Peor aún, están poniendo en riesgo, más de cincuenta millones de pesos del patrimonio empresarial, por obligaciones incumplidas ante instituciones que protegen los derechos sociales de los trabajadores, pero todo depende de la rapidez con que resuelvan nuestro asunto”, adelantó Heraclio Bonilla
Y citó una investigación publicada por la revista Proceso el pasado fin de semana, la que “da cuenta de algunas de las propiedades más importantes que forman el patrimonio inmobiliario de esta cuestionada familia. Seguramente, si otros medios de información se avocan a una investigación similar, podrán aportar mayores datos para información de la población en general”.
En dicho texto del periodista José Gil Olmos, se apunta que el expresidente Echeverría hizo crecer su riqueza con la creación de una docena de empresas inmobiliarias que le han generado a su familia millones de pesos desde 1976 y que ahora salen a la luz por un juicio laboral, el mismo que tomó Heraclio, como abogado del ex contador.
El reportaje de Proceso señala que la riqueza de Echeverría quedó bajo el control de algunos de sus hijos. Está concentrada en 12 empresas: Administradora de Inmuebles Citlali, SA; Inmuebles Superación, SC; Inmuebles Abril, SC; Inmuebles Potam, SC; Inmuebles Cocori, SC; Inmuebles Nainari, SC; Club y Residencias de Cuernavaca, SA de CV; Cuernavaca Primavera, SA; Operadora de Hoteles y Restaurantes Sumiya, SA de CV; Bello Caribe, SC; Inmuebles Pez, SC; y Bella Ixtapa Inmobiliaria, SA.
El medio expone que, próximo a cumplir 100 años, Echeverría vive arrinconado en una recámara de lo que fue su residencia, aseguró María Modesta Gil Cedillo, quien fue su asistente personal durante 25 años, hasta que fue despedida con agresiones de sus hijos, en diciembre de 2018, motivo por el que también están demandados penal y laboralmente.
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CAB