Con una nueva reforma, el régimen cubano pone fin a un limbo legal en el que han existido durante años miles de emprendimientos
Por primera vez en más de cinco décadas, los cubanos podrán abrir pequeñas y medianas empresas privadas, contratar empleados y acordar salarios, medidas de apertura económica pospuestas por años y que llegan en momentos en que la isla atraviesa una crítica situación económica.
Las autoridades dieron a conocer en la Gaceta Oficial un paquete con una veintena de normas y resoluciones que organizan el trabajo independiente del Estado, incluido el reconocimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes), eliminadas en la década del 60 al tiempo que crecía el sistema centralizado y socialista bajo la influencia de la antigua Unión Soviética.
La reforma, cuyos detalles salieron a la luz esta semana, permitirá por primera vez la existencia de pequeñas y medianas empresas desde 1968, poniendo fin a un limbo legal en la que han existido durante años en la economía de estilo soviético.
A partir de ahora, según el Decreto-Ley 46, se reconocerán diferentes tipos de propiedades y participantes económicos como “actor que incide en la transformación productiva del país” y bajo la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Éstas deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía e inscriptas en un registro mercantil para su funcionamiento.
Las firmas o talleres más pequeños podrán tener desde uno hasta 10 empleados y las más grandes hasta 100, y en general se permitirán todas las actividades menos algunas reservadas como la edición de diarios o revistas, la educación o las ocupaciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones como arquitectos o abogados.
La norma especificó que estas pymes podrán ser además de privadas, estatales -por ejemplo, dependientes de una universidad o un ministerio- y mixtas.
En el sector de servicios gastronómicos, miles de restaurantes subsidiados tendrán que cerrar, convertirse en cooperativas o pequeñas empresas, según un directivo de nivel medio involucrado en el proceso que habló bajo condición de anonimato. Si se mantienen, se convertirán en pequeñas y medianas empresas estatales que competirán entre ellos.
Las nuevas medidas son parte clave de las reformas económicas emprendidas por el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, que convirtió en ley en 2020, cuando la pandemia y las sanciones de Estados Unidos empujaron a la ya inestable economía local en picada, en medio de escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos que alcanzaron proporciones alarmantes.
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El Producto Bruto Interno retrocedió en la isla en un 11 por ciento en 2020 y miles de personas se manifestaron ese día de julio en las calles en rechazo al desabastecimiento de bienes básicos como alimentos o productos de aseo y los cortes de luz.
Para constituir una pyme privada las personas deberán tener más de 18 años y ser ciudadanos cubanos residentes permanentes en el país, lo que limita las expectativas de muchos emigrados que se mostraron dispuestos a invertir en la isla.
La creación de estas empresas está prohibida para los funcionarios y se les dará luz verde para importar y exportar sin imposición de precios, aunque deberán hacerlo mediante organismos estatales.
El paquete de leyes publicadas también actualiza y organiza las reglas de los llamados Trabajadores por Cuenta Propia o TCP, que eran la forma en que se desarrollaban hasta ahora muchas de estas pequeñas empresas que surgieron al calor de una reforma iniciada en 2010 por el expresidente Raúl Castro y que permitió en estos años una incipiente iniciativa privada compuesta por talleres de oficios, restaurantes, cafeterías, vendedores ambulantes o casas de renta para turistas. Además, le da forma más acabada a las cooperativas no agrícolas que también fueron abriendo estos años.
La creación de MIPYMES se aceleró tras la aprobación en mayo por el Consejo de Ministros de Cuba. Entre las nuevas reglas, las empresas pueden acceder al sistema estatal mayorista, importar y exportar, fijar precios y atraer inversión extranjera, pero solo dentro del entorno empresarial aún dominado por el Estado, donde tales actividades siguen estando fuertemente reguladas.
Sin embargo, muchos empresarios y la mayoría de los economistas llevan mucho tiempo pidiendo la reforma. “Cuba avanza hacia un modelo económico mixto, al menos en términos de empleo”, dijo Pavel Vidal, ex economista del Banco Central de Cuba que imparte clases en la Pontificia Universidad Javeriana Cali de Colombia.
En 1968, el Gobierno cubano dispuso el cierre de los pocos pequeños negocios que quedaban en pie desde la revolución de 1959 -cuando se nacionalizaron las grandes industrias- y estatizó talleres y bodegas, un proceso que además significó la estigmatización de los empresarios y la producción particular bajo la égida del socialismo.
Sin embargo, en la pasada década Raúl Castro reconoció la necesidad de contar con un trabajo más eficiente y reabrió el mercado de bienes raíces, ofreció tierras en usufructo y permitió una apertura paulatina, mientras la economía de la isla caía en picada presionada por las sanciones de Estados Unidos que -especialmente durante el mandato de Donald Trump- asfixiaron las finanzas isleñas, a las que luego se sumó la pandemia de coronavirus.
El reconocimiento de la necesidad de las pymes como una organización fiscal y productiva que dinamizara la economía comenzó hace cinco años, pero las autoridades dilataron su publicación. Aunque reconocen su papel en la generación de empleo y mejoras para la población, las autoridades dijeron que la apuesta de la isla seguirá siendo la empresa estatal socialista.
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CAB
