La firma reclama “acciones y omisiones realizadas por el Gobierno de México y sus dependencias gubernamentales” respecto al tratado T-MEC
La minera canadiense First Majestic presentó una solicitud de arbitraje internacional contra el Gobierno de México bajo las reglas del T-MEC en razón de sus inversiones en el país.
Por medio de un documento, la compañía reclama “acciones y omisiones realizadas por el Gobierno de México y sus dependencias gubernamentales” que contravienen con el Capítulo 11 del tratado comercial y lo dispuesto en principios de derecho internacional aplicables.
En este contexto, la firma denuncia que que las acciones y omisiones incluyen las efectuadas u omitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacia sí como inversionista y sus inversiones hechas a través de sus subsidiarias Primero Mining Corp. y Primero Empresa Minera S.A. de C. V.
Asimismo, la minera denuncia incautaciones, embargos, congelamiento de cuentas bancarias, revocación de licencias en el sector minero, confiscaciones de activos.
También asegura el rechazo ilegal por parte del SAT de las solicitudes para la resolución de cualquier disputa relacionada con impuestos.
Adicionalmente, acusa la falta notoria de cumplimiento del Acuerdo Previo sobre Precios de Transferencias, “actividades atroces e ilegales”, así como tácticas de aplicación e intimidación.
De acuerdo con First Majestic, las medidas tomadas por el Gobierno de México y sus dependencias han perjudicado y dañado gravemente la capacidad de Primero Empresa Minera S.A. de C. V. para continuar operando su negocio.
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First Majestic, por su parte, ha visto afectada su capacidad para administrar sus inversiones, maximizar los retornos de las mismas, realizar nuevas inversiones en México, repatriar sus ganancias y mejorar el valor de sus inversiones en México.
Así, el conglomerado acusa que las acciones tomadas por autoridades mexicanas son ilegales de conformidad con la ley mexicana y el derecho internacional, así como irrazonables, arbitrarias, discriminatorias y sin precedentes.
Ante todo lo anterior, el Gobierno de México será requerido al amparo del derecho internacional y del Capítulo 11 del T-MEC para entablar una solución amistosa de la controversia.
De no llegar a un acuerdo mutuo la minera canadiense podrá solicitar que la controversia sea resuelta por arbitraje internacional.
En el caso de Primero Empresa Minera, se señala que se reclamará una compensación por 500 millones de dólares estadounidenses, además de los intereses que se generen y gastos aplicables en el procedimiento de arbitraje.
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CAB
