El 17 de febrero, México presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una queja respecto al acaparamiento de vacunas
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la propuesta que México impulsó para evitar la concentración de vacunas contra COVID-19 en países con más recursos.
La resolución solicita pide a los Estados miembros garantizar el acceso equitativo a las vacunas, incluso en zonas en conflicto; además, solicita financiamiento para la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo, se hace un llamado a incluir a las personas refugiadas en los programas de vacunación nacional.
El 17 de febrero, México presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una queja respecto al acaparamiento de vacunas contra el COVID-19.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, propuso que se acelerara la distribución de inmunizadores a través del instrumento multilateral Covax. Esto, con el fin de que se “revierta” la acumulación masiva de biológicos en los países más ricos.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció al respecto. Tres días después, pidió a los países productores de la vacuna ser solidarios.
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La resolución aprobada este viernes por el Consejo de Seguridad de la ONU se enfoca en ese aspecto y fue copatrocinada por más de 110 países, incluidos los 15 miembros del Consejo de Seguridad.
La determinación reconoce que la aplicación del antígeno es un bien público mundial, por lo que pide financiación para el Acelerador de herramientas de la OMS y el mecanismo COVAX.
La ONU informó que lo aprobado también invita a las economías desarrolladas y a otras personas a donar dosis de vacunas a países de ingresos bajos.
Además, se pide un acceso humanitario pleno, seguro y sin obstáculos, sin demora, para facilitar la vacunación contra el COVID-19, y para la protección del personal humanitario y médico y de la infraestructura civil que es fundamental para la entrega de ayuda humanitaria”.
En ese sentido, la ONU explicó que la resolución contempla la obligación de impulsar el mecanismo COVAX.
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CAB