El Ejército Mexicano siempre ha estado al servicio del pueblo, ayudando en los peores momentos y protegiendo a la nación, sin embargo, algunas veces se ha visto involucrado en acciones negativas
Desde 1951 cada 19 de febrero se conmemora el Día del Ejército Mexicano, institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, encargadas de resguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz en su territorio.
Se eligió esta fecha debido a que el 19 de febrero de 1913 el XXII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila, emitió el decreto número 1421, en el cual se desconoció a Victoriano Huerta y todas las órdenes que decretara, como Jefe del Poder Ejecutivo de la República. Al mismo tiempo le concedió a Carranza facultades extraordinarias en todos los ramos de la Administración Pública para proceder a armar fuerzas.
Venustiano Carranza presentó el 19 de febrero de 1913 el Plan de Guadalupe, en el que se fijó por decreto la creación del Ejército Constitucionalista y después el Ejército Mexicano.
Si bien la historia del Ejercito Mexicano se podría definir casi como la historia del país en su intento por salvaguardar su identidad y gente, ha habido ocasiones en que el Ejército (o miembros de él) ha actuado mal y sus acciones acarrearon denuncias en su contra.
A continuación te presentamos las acusaciones más graves que ha tenido el Ejército Mexicano.
Matanza de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas
Más de 50 años han pasado desde que esta tragedia sucedió, era una época de mucha represión y quien pensara diferente al presidente pagaba las consecuencias, el gobierno de Díaz Ordáz se vio rebasado por las protestas estudiantiles que exigían libertad de presos políticos y la destitución del jefe de la policía.
Los Juegos Olímpicos se llevarían a cabo en el mes de octubre, cada vez más cerca y con algunas detenciones de estudiantes, el movimiento no menguaba, al contrario tomaba fuerzas, por lo que aquel trágico 2 de octubre ocurrió lo impensable.
El país se tiñó de sangre, pues muchos jóvenes fueron masacrados durante un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Militares y paramilitares dispararon contra la multitud. Ese día el Ejército no sólo se congregó en aquella plaza, lo hizo en diversos puntos claves donde se reunían los estudiantes.
500 muertos es la cifra oficial, la verdadera se desconoce, se dice que los cuerpos eran apilados y quemados, también se cuenta que los soldados se metían a las casas a buscar estudiantes y mataban a quien lo parecía.
Una deuda histórica tiene el ejército con el país por estos hechos.
Masacre de Acteal
El 22 de diciembre de 1997 un grupo de paramilitares asesinaron a sangre fría a 45 indígenas de la comunidad Las Abejas en el municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas, quienes se encontraban en una jornada de oración y ayuno en la capilla cuando fueron sorprendidos. La crueldad de los asesinatos traspasó fronteras, mataron mujeres, hombres y niños por igual. Las embarazadas tenían el vientre abierto a machetazos.
Fuentes periodísticas acusaron directamente al Ejército de perpetrar estos crímenes, pues se encontraron casquillos pertenecientes a armas de fuego de uso exclusivo de los militares. Desde la insurrección del EZLN en 1994, el Ejército tenía fuerte presencia en todo el estado chiapaneco, para sofocar cualquier levantamiento. Los indígenas ya habían hecho acusaciones contra los militares por graves violaciones a los derechos humanos, mismas que no fueron escuchadas.
A través de un telegrama enviado a la sede de la Defense Intelligence Agency (DIA) en Washington el 4 de mayo de 1999, la Oficina del Agregado de Defensa de EE.UU. en México apuntaba él “apoyo directo” del Ejército Mexicano a grupos armados en las zonas altas de Chiapas.
Relaciones con narcotraficantes
En febrero de 1997 se detuvó al General Jesús Gutiérrez Rebollo, jefe de la agencia antidrogas de México, quien llevaba dos meses en el puesto, pues se reveló que vivía en un departamento de lujo propiedad de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.
Un tribunal lo halló culpable de tráfico de drogas, delincuencia organizada y corruoción, su pena fue de 40 años de prisión, pero murió de cáncer en 2013, a los 79 años.
El Brigadier General Mario Artuto Acosta Chaparro fue encarcelado en el año 2000, se le acusó de proteger también a Carrillo Fuentes. En 2002 también fue acusado de asesinato y desaparición forzada de activistas revolucionarios y de izquierda durante el periodo de la “guerra sucia” en las décadas de los 70 y 80.
En 2007 fue exonerado de todos los cargos por un tribunal federal. En 2012 fue asesinado a balazos en la Ciudad de México.
General Tomás Ángees Dauahare. quien fuera subsecretario de la Defensa Nacional, fue arrestado en 2012, acusado de ayudar al cártel de los Beltrán Leyva. En 2013 fue liberado tras retirar las acusaciones en su contra, pues los testimonios en su contra fueron cuestionados.
Tres generales del ejército y dos jefes militares también fueron acusados en 2012 de dar ayuda al mismo cártel, también en 2013 fueron liberados.
Indígena violada por militares
El 16 de febrero de 2002, cuando tenía 17 años Valentina Rosendo fue abusada sexualmente por dos militares que se encontraban en su pueblo, en el municipio de Acatepec, Guerrero, para brindar protección a sus habitantes.
Pasado el mediodía ella fue hacia un río a lavar su ropa, cuando llegó un grupo de ocho hombres, algunos vestidos con prendas militares, otros civiles y uno de ellos estaba amarrado. Dos elementos del Ejército le pidieron información sobre unos “encapuchados” a los que pretendían que ella identificara. Al no conseguirlo, la golpearon y la violaron.
Cuando buscó atención médica se le negó, pues el médico en turno argumentó que no quería problemas con los militares.
Presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) pues nadie creía en ella y la Sedena desestimó sus dichos. La CIDH encontró a los militares culpables desde el 2010, pero el sistema de justicia mexicano lo hizo en 2018.
El Estado mexicano pidió perdón a Valentina por estos hechos.
Civiles asesinados durante la guerra contra el narcotráfico
Los casos de civiles asesinados por miembros del Ejército en el periodo de la llamada guerra contra el narco, que empezó el 10 de diciembre de 2006, son numerosos, en la mayoría de los casos se les sembraron armas para justificar los asesinatos y deslindar a las fuerzas armadas de la responsabilidad alejando que actuaron en defensa propia.
Estas acciones empañaron la credibilidad de la población en el ejército, pidiendo que se retiraran de las calles, pues sentían que peligraban más con ellos ahí.
Algunos casos ya han sido expuestos en documentales, las familias de las víctimas han presentado pruebas de su inocencia. La participación del ejército no se limita a asesinatos, también incluye la desaparición forzada, amenazas y torturas para obtener confesiones.
Los casos de inocentes asesinados con dolo, en fuegos cruzados o desaparecidos a manos del Ejército mexicano se han dado principalmente en Guerrero, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa.
Desde el 2012 el Ejército dejó de informar las cifras de los civiles caídos en dicha guerra argumentando que “el fuero militar no es competente para conocer de casos en los que existan victimas civiles por violaciones a sus derechos humanos”
Tlatlaya
La madrugada del 30 de junio de 2014 hubo una masacre a manos de militares, que acabó con la vida de 22 personas en una bodega en San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
Ocho militares del 102° Batallón de Infantería efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera Federal Número 2, así llegaron a la bodega en obra negra, el sargento segundo de Infantería se dio cuenta que había una persona armada cuidando la bodega, además de tres vehículos en su interior. El sargento informó a sus compañeros y el vehículo detuvo su marcha.
La versión oficial manejó que fue un enfrentamiento armado entre narcotraficantes y soldados, investigaciones periodísticas dieron con la verdad: los civiles fueron fusilados, la mayoría por la espalda mientras trataban de huir, o fueron puestos contra la pared.
Según los militares, ellos fueron agredidos primero por las personas que estaban dentro de la bodega, por lo que repelieron el ataque. La versión de una sobreviviente y testigo de los hechos es distinta: los militares dispararon primero mientras todos dormían en la bodega.
Las personas dentro de la bodega se rindieron, transcurrida una hora aproximadamente los militares ingresaron a la bodega y ultimaron a 15 personas, entre ellas tres menores de edad.
La escena del crimen fue alterada, los cuerpos fueron movidos y se les colocaron armas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigó el caso y concluyó que es atribuible “al personal del 102° Batallón de la base de operaciones de San Antonio del Rosario de la Secretaría de la Defensa Nacional que estuvo presente en el lugar”, aunque también “debe tomarse en cuenta la posible participación de otros elementos militares que arribaron al lugar de los hechos.”
Ocho soldados fueron detenidos por estos hechos.
Ayotzinapa
Un caso que conmocionó a la comunidad internacional, el 26 de septiembre del 2014, normalistas rurales habían secuestrado camiones de la terminal de Iguala, se dirigían a la Ciudad de México para participar en la marcha del 2 de octubre.
De pronto fueron detenidos por policías municipales, quienes dispararon contra los camiones, no sólo contra los que llevaban los normalistas, también contra uno donde se trasladaba un equipo de fútbol, el ataque se prolongó hasta la madrugada del 27 de septiembre y dejó un saldo de nueve muertos.
Además de esto 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” desaparecieron y es fecha en que no se sabe de su paradero.
La responsabilidad del Ejército empieza cuando se le informó a este lo que estaba ocurriendo, además el Ejército, cuyo 27 Batallón de Infantería tiene su base en Iguala, se encargó de cerrar el perímetro.
De acuerdo con testimonios, soldados del Batallón sellaron los accesos de Iguala mientras se reprimía a los normalistas la noche del 26 de septiembre, e impidieron la atención médica de los heridos. El responsable del Batallón, el coronel José Rodríguez Pérez, fue transferido poco después, sin saberse si declaró ante las autoridades sobre esa noche. El coronel Rodríguez Pérez fue señalado por normalistas sobrevivientes de haberlos fotografiado y golpeado el 26 de septiembre en el interior de la clínica donde fueron a refugiarse y a atender a los heridos, lo que impidió.
Las investigaciones de periodistas apuntan a que el Ejército sí supo lo que ocurría y no hizo nada para evitar la desaparición de los jóvenes.
Adicional a esto circularon supuestas fotografías de los normalistas vivos en el Batallón, información extraoficial dice que el último registro de los celulares de los desaparecidos los ubicaba en las instalaciones del Ejército.
Apesar de la intervención internacional el caso continúa sin resolverse, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, han sido los únicos detenidos por este caso.
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