“Él no va a inaugurar la obra de infraestructura estrella de Peña (…) y si el país se va al traste, será la culpa de la mafia en el poder”, Alberto Mansur
Muchos hemos escuchado sobre las “terribles” repercusiones que traerá la venta de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), cuya construcción fue cancelada por la reciente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, aunque hemos escuchado muchos análisis, algunas veces los líderes de opinión y especialistas olvidan que no todos dominamos esos términos legales. Es por ello que les compartimos la explicación de Alberto Mansur, quien de manera sencilla nos dice lo que la cancelación de este proyecto implicará para el pueblo de México.
El Pueblo es sabio. El Pueblo no se equivoca.
Excepto cuando el Pueblo la caga. Cuando eso pasa, hasta las paredes se manchan.
Así, como cuando el Pueblo avala la cancelación del NAICM sin tener, ni poquita, ni tantititititita idea del costo de hacer semejante pendejada.
Un bono es una deuda entre el emisor y el comprador. El emisor se obliga a pagar el principal de la deuda (los enterados le llaman par) al vencimiento del plazo y a pagar un interés por un tiempo determinado.
Para financiar el NAIM se emitieron cuatro series de bonos por 6 mil millones de USD: dos a diez años y dos a treinta.
Los tenedores de esos bonos tienen derecho a recibir intereses por su dinero durante 10 o 30 años y luego a que se le pague el principal completo.
Como todo en el mercado, los bonos no tienen un precio fijo.
En su colocación inicial se venden por debajo de su valor nominal (bajo par) y su precio en el mercado va subiendo o bajando según el riesgo o certeza en el pago.
Si los inversionistas creen que los intereses o el principal no van a ser pagados, el precio del bono baja.
Al revés, si hay una percepción de solvencia económica y moral del emisor que se traduce en una certeza del pago, el precio del bono sube.
Cuando el precio del bono baja, la tasa de interés que tiene que pagar sube para compensar así la percepción de riesgo que provocó su caída en el precio y viceversa.
La deuda financiada con un bono de baja confiabilidad le sale más cara al emisor.
Algo así como los paguitos chiquitos de Elektra donde compras una lavadora y pagas tres.
Si el que compra esa lavadora tuviera solidez económica, podría pedir su crédito a otro banco y pagar solo 1.12 lavadoras, no tres.
Hoy el precio de los bonos del NAIM es de 0.77 USD, veintitrés centavos bajo par. En cristiano: su precio es 23% más, barato y sus intereses a pagar tienen que subir.
La deuda del NAIM es un Elektra reloaded.
Esta situación llevó a las calificadoras de riesgo a dregadar los bonos a la calidad de basura, arrastrando a los bonos de Pemex, la CFE y la deuda soberana de México (el Bono M) que ahora paga un 9.25% de interés y antes de la cancelación pagaba el 8%.
Esto, como tu comprenderás, tiene molestos a los tenedores de los bonos del NAIM.
Y aunque me canso ganso, el miedo no anda en burro: el gobierno del cambio verdadero emitió una oferta de comprar el 30% de los bonos, con un precio de entre 0.9 y hasta par 1.0, esperando que con esa cucharadita de té de tila los inversionistas ya no demanden.
Si los inversionistas aceptaran, la austeridad republicana nos costaría, más menos, entre 36 mil y 38 mil millones de pesos MXN.
Yo hay días que no los gano. ¿Y tu?
Pero, ¿y las demandas, ‘apá?
Ah, esas ahí vienen.
Los tenedores no aceptaron la oferta de la República Amorosa. —Ráscale más —dijeron—. Faltan los intereses, el rendimiento que esperamos de nuestra inversión.
Si el ganso cansado amanece un día gallito así como para detener las obras, incumple el contrato de los bonos y se vence la deuda completa … más las penas.
Si no las detiene, incumple con la voluntad del Pueblo infalible, sabio, bueno.
En la lógica de aquí mando yo y solo yo, el rayo de esperanza caerá cuál chahuistle, haiga sido como haiga sido.
Él no va a inaugurar la obra de infraestructura estrella de Peña, manque lo lleven los pingos y si en el traste el país se va al traste, será la culpa de la mafia en el poder, los conservadores, la minoría rapaz, el ratón vaquero, el chupacabras o el chivo expiatorio del momento.
El gobierno NO puede cancelar un proyecto como éste así nada más y si, como contratista e inversionista o como un tercero afectado por la decisión (como serían las aerolíneas) SI hay algo por hacer.
Los bonos se emitieron en NY, bajo las leyes y sujetos a los tribunales de ahí mismito. Ahí serán las demandas.
Los inversionistas extranjeros que no tienen bonos van a demandar en términos del Convenio sobre solución de controversias en materia de inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, más conocido como el Convenio de Washington o el Convenio del CIADI.
El CIADI es un sistema confiable, especializado e imparcial para resolver disputas sobre inversiones, evitar el favoritismo o la presión de los tribunales locales o el uso de la protección diplomática contra sus fallos.
Las disputas ante el CIADI generalmente involucran a empresas extranjeras que afirman que un gobierno anfitrión abusó de ellas al expropiar sus activos, discriminarlos o tratarlos de manera injusta.
Los inversionistas extranjeros NO tendrán que recurrir al sistema judicial mexicano para generar una disputa. Podrán iniciar un procedimiento de arbitraje ante un panel del CIADI y, si los árbitros deciden a su favor, podrán hacer valer dicho laudo en México o en cualquier lugar donde México tenga algún activo.
Por lo que hace a los inversionistas nacionales, estos no tienen a su alcance las protecciones de los tratados de inversión, pero nuestro sistema judicial es lo suficientemente robusto como para proteger sus derechos.
Empresas nacionales que hayan sido afectadas por la cancelación del aeropuerto, o que lo vayan a ser por otras decisiones similares, tienen a su alcance dos mecanismos: el juicio de amparo y el juicio de responsabilidad por la actividad irregular del Estado.
El inversionista nacional afectado puede promover un juicio de amparo indirecto por la falta de motivación y fundamentación legal de ésta decisión. El Ejecutivo puede cancelar proyectos, pero no a capricho: sus decisiones requieren un sustento técnico y un fundamento legal. La cancelación del aeropuerto no cumple con estas características.
Mi recomendación para aquellos inversionistas o contratistas que crean amenazado su patrimonio por estas decisiones: no entrar en pánico, determinar la afectación o el riesgo a la inversión y consultar a su abogado.
Alberto Mansur
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