Las conductas de estas empresas han provocado afectaciones a la libre participación, transparencia, igualdad y mejores condiciones para el Estado
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que de enero a agosto ha sancionado a nueve proveedores del sector Salud por incurrir en prácticas que afectan procesos de licitación y a quienes se les inhabilitó por siete años, además de que se les impuso multas que en conjunto suman más de 902 millones de pesos.
En un comunicado, la dependencia federal señaló que de acuerdo con las denuncias recibidas entre 2015 y 2021, en las adjudicaciones de ocho servicios integrales en el ISSSTE, participaron diversas empresas que, presuntamente, se ponían de acuerdo para beneficiarse entre ellas y acordaban repartirse cada una de las partidas en los procedimientos de contratación relacionados con los servicios de análisis clínicos y banco de sangre, lo cual resultó en una ventaja y beneficio indebido para éstas.
La Función Pública detalló que las empresas sancionadas con 100 millones 243 mil pesos e inhabilitaciones de 7 años cada una son Cetrum Promotora Internacional, S.A. de C.V; Instrumentos y Equipos Falcon, S.A., de C.V; Impromed, S.A. de C.v; Valtrum, S.A. de C.V.; Selecciones Médicas, S.A. de C.V.; Servicios de Mínima Invasión, S.A. de C.V.; Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, S.A. de C.V, así como DAI Servicios S.A. de C.V y SERVAD Promo Asistencial S.A. de C.V.
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“Entre el 1 y el 25 de agosto de 2022, la SFP sancionó a nueve proveedores del Sector Salud con base en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigente al momento de los hechos, que castiga las acciones de simulación y evasión de reglas para obtener ventajas y beneficios en las contrataciones públicas, ya que afectaron la competencia en los procesos de licitación de la Administración Pública Federal (APF)”, detalló
La SFP acusó que las conductas de estas empresas han provocado “afectaciones a la libre participación, transparencia, igualdad y mejores condiciones para el Estado, en particular, para las personas derechohabientes del ISSSTE”.
La dependencia federal reconoció que las empresas aún pueden imponer los medios de defensa que a su derecho convengan.
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CAB